Colombia cayó 5 puestos en cobertura de agua potable

Por: Marcela Vargas Cabrera

Bogotá.  La presidente de Acodal, Mariluz Mejía, reveló que en el país hay un bajo en el cubrimiento de agua potable y saneamiento básico principalmente por el rezago que se presentan en las zonas rurales del país.


Según las cifras reveladas por la Cepal, Colombia bajó 5 puestos en el escalafón de los países con mayor cubrimiento de agua potable y saneamiento básico ocupando el puesto 13 en América Latina superado por Uruguay, Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela.

Mejía aseguró que el rezago colombiano es mayor en la oferta de servicios de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, pues en departamentos como Vichada y Chocó la cobertura es en promedio del 6,25% y en la zona rural del departamento de Córdoba es del 1,3%, por lo que el gremio asegura que se debe retornar a los principios que originaron los Planes Departamentales de Agua (PDA) para agrupar los asentamientos distantes de los centros urbanos, de tal forma que sean atenidos de manera organizada y con operadores calificados.

Esta sería una alternativa para sacar adelante los PDA que desde hace más de un año no presentan avances y ahora están frenados por el fallo del Consejo de Estado que restringe el uso de las vigencias futuras con el fin de evitar el desvío de recursos o el lavado de activos.

"La manera como las vigencias futuras se hacen líquidas en los casos en los que no se recurre al sistema financiero, es algo que nos preocupa y en el caso de las vigencias excepcionales hay situaciones en donde no tenemos claridad cómo se logró la liquidez y eso tiene que ser motivo de investigación", explicó la contralora Sandra Morelli, quien también mediante una circular conjunta con la Auditoría General de la República restringía el uso de las vigencias futuras a gobernadores y alcaldes.

Esta situación deja sin piso la ejecución de los PDA pendientes en el país, con los cuales el gobierno busca garantizar el servicio de agua potable y alcantarillado a más de 2`800.000 habitantes de las poblaciones que aún no cuentan con la infraestructura necesaria.

"En este momento no hay ninguna claridad por parte del gobierno a excepción de decir estamos estudiando y se nos han pasado estos seis primeros meses del año estudiando una salida que hoy no se tiene", alertó Mejía.

Según el gremio, la información dada en las últimas semanas por el presidente Santos y la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, revela que la inversión para los PDA se redujo en $6 billones, pues en el gobierno anterior hablaban de proyectos por $11 billones y ahora se anuncian inversiones solo por $5 billones.

"Lo que se tenía previsto invertir antes de que se terminara el gobierno anterior era alrededor de unos $4 billones que se pensaba terminar dentro de su administración, pero llegaron escasamente a $1,7 billones, es decir que estamos en una situación crítica", dijo la directiva.

Mejía indicó que los fabricantes de tubería también afrontan dificultades, "cuando se anunciaron inversiones superiores a los $9 billones para los PDA, el presidente Uribe dijo que no iba a haber capacidad de producción de tubería suficiente en el país para cubrir la demanda y la gente empezó a ampliar las plantas de producción de tubos y ahora no se sabe qué va a pasar".
Para el gremio la alternativa es reorganizar los PDA, formalizar las regiones, y bajo un principio de asociación se unan los municipios cercanos, "identifican un operador regional y tendría incentivos de la región y se montaría un Plan de Asociación Regional que le permitiría al operador acceder a créditos de la banca comercial a apalancados con recursos que aporte la nación y con las vigencias de ejecución inmediata de los nuevos alcaldes y gobernadores", agregó Mejía.

Acodal propone restringir regalías
Como medida para enfrentar el cambio climático, la presidente de Acodal, Mariluz Mejía, advirtió que se requieren ajustes institucionales profundos que contribuyan al cumplimiento de las normas y al uso eficiente de los recursos. "Una de nuestras propuestas es no girar regalías a los municipios que no controla los daños ambientales, crear una Superintendencia Ambiental y contar con jueces especializados en delitos ambientales", agregó Mejía. Con estas medidas el gremio busca que en el corto y mediano plazo se tenga una política de Estado que defina los componentes de mitigación y adaptación al cambio climático.

Fuente: La Republica

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