El Perú es el octavo país con mayores reservas de agua a nivel mundial, superado en la región solo por Brasil y Colombia.

Sin embargo, pese a la gran cantidad de fuentes naturales del líquido elemento, este discurre sin llegar a todos los peruanos. Las empresas que brindan este servicio no cuentan con la capacidad suficiente para brindar cobertura a la población entera, especialmente en el área rural.

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En nuestro país, hay dos maneras de acceder al agua potable. La primera es a través de las empresas prestadoras de servicio (EPS), que cubren solamente el área urbana y suman 50 a nivel nacional.

El resto de la población, principalmente en el área rural, acude a las juntas administradoras de servicios de saneamiento (JASS), organizaciones de usuarios que se encargan de administrar el agua, dependientes de los gobiernos regionales y sin regulación a nivel nacional. Se calcula que existen aproximadamente 5000 de estas estructuras a nivel nacional.

COBERTURA

Cifras del Sistema Nacional de Información Ambiental (SINIA), que datan del año 2014, indican que solo el 78.5% de la población tenía acceso al agua potable.

A junio de 2015, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) contaba a la población peruana en 31 millones 151 mil 643 personas. De esta cifra, unos 24 millones pertenecen al área urbana, y según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), el ámbito de las empresas prestadoras de este servicio no sobrepasa los 19.5 millones de usuarios.

Es decir, casi la tercera parte de los habitantes a nivel nacional no son considerados por las EPS. José Luis Patiño Vera, gerente de Usuarios de la Sunass, señala que el servicio de agua potable es un problema que tiene varias aristas, factores y actores.

GESTIÓN

Entre los diversos factores que se presentan para hacer la brecha de cobertura de agua potable un problema mayor se encuentran la mala gestión de las empresas prestadoras de agua potable, la atomización del servicio, la corrupción y la falta de capacitación de los constantemente renovados trabajadores.

Todo ello ocasiona que de las 50 empresas prestadoras de agua potable a nivel nacional, ninguna obtenga una nota aprobatoria en las evaluaciones que cada cinco años realiza la Sunass.

“Hay un manejo muy politizado. Como las empresas son de propiedad de las municipalidades, cada nueva gestión cambia de personal”, explica Patiño Vera.

Esto impide una continuidad en los proyectos de gestión y en la calidad del servicio.

Esta falta de capacitación y, en algunos casos, de coordinación con los gobiernos regionales o locales, resulta en obras mal diseñadas o que no pueden ser utilizadas debido a que el personal no tiene la capacidad para mantenerlas en funcionamiento.

En algunos casos, esto genera el racionamiento del servicio por horas. En Pasco, por ejemplo, algunas zonas cuentan con agua solo una hora cada dos días.

Si a esto se agregan factores como la falta de facturación del servicio, la poca cultura del agua que tiene el consumidor, el proceso cada vez más difícil de potabilización del agua y las grandes deudas de estas empresas, se entiende por qué no pueden ampliar su rango de acción a las zonas rurales.

SOLUCIONES

En 2013, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) promulgó la Ley de Modernización de Servicios de Saneamiento, cuya acción central era la recuperación de las empresas prestadoras en crisis a través de la creación del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS), que se encargaría de brindar incentivos y nombrar al personal de las empresas. Hasta el momento, siete EPS se encuentran en este proceso.

Por otro lado, desde la iniciativa Diálogos de Política Pública, que concentra a exministros y excongresistas, se plantea la posibilidad de desatomizar las empresas para aprovechar las economías a escala y poder llegar al área rural.

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